Paridad de género en México: anverso y reverso

 Fuente: Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación.

En el caso de la nueva Ley General de Partidos Políticos destacan los siguientes criterios:

Cuadro 2: Reglas aplicación paridad en LGPP

Fuente: Secretaría de Gobernación; Diario Oficial de la Federación.

Hasta aquí se puede afirmar que la Leyes aprobadas prevén un conjunto de criterios y reglas para garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en candidaturas a cargos internos del partido como de elección popular. Sin embargo, y contra todo pronóstico, se aprecian también omisiones importantes como las siguientes:

1. Paridad en candidaturas a cargos edilicios (listas ayuntamientos).
2. Paridad en los órganos de dirección y cuerpo decisorio de los partidos políticos.
3. Paridad en los órganos electorales (consejos), tanto administrativos como jurisdiccionales, del INE y de los Organismos Públicos Electorales Locales.

Asimismo es destacable que la LGPP no incluyó definiciones explícitas sobre los métodos selección de precandidaturas, solo consigna el derecho de la militancia a postularse cumpliendo con las disposiciones que cada partido político estipule en sus propios estatutos internos,[4] quedando como prerrogativa de los partidos definirlos libremente (Freidenberg  2014: 3)[5]. La pregunta obligada es ¿qué método(s) de selección de candidaturas aplicarán los partidos para asegurar 50/50 por ciento hombres y mujeres?

Si se parte de la premisa según la cual, el paso de aspirante a candidata es el que presenta la disminución más dramática en el número de mujeres con posibilidades de continuar en una contienda electoral, la omisión de reglas claras puede presentar algunos reveses de naturaleza jurídica como en el pasado reciente[6]. Sin una definición clara, precisa, explícita y con carácter de obligatoriedad, es altamente probable que los partidos cumplan con la paridad de género incrementando el poder de las directivas nacionales (voto directo/internas cerradas) en detrimento de la participación de la militancia (voto abierto/consulta ciudadana).

La evidencia en el ámbito internacional y nacional (OEA 2003) parece comprobar que mientras más abierto y democrático es el método de selección, no solo es más costoso, sino que termina perjudicando más a las mujeres. En concordancia con lo anterior, si la elección de candidaturas recae en la voluntad discrecional de un grupo de personas el costo del proceso será menor, y en este supuesto representa un mecanismo más efectivo para garantizar paridad entre mujeres y hombres, particularmente si se trata de un sistema mixto de representación proporcional con listas cerradas y no abiertas.

Será entonces un mecanismo ‘menos democrático’ (Marván y Márquez 2013: 93), siempre y cuando se reconozca que el principio de igualdad y no discriminación es un mandato constitucional que no admite pacto en contrario. La norma debe ser interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas otorgando la protección más amplia, cumpliendo con la obligación que tiene el Estado y sus instituciones políticas de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en la Carta Magna[7].

Referencias bibliográficas:

Freidenberg, Flavia. 2014. Semilla de la discordia. Revista Voz y Voto 1.

OEA. 2003. ¿Es el financiamiento un obstáculo para la participación política de la mujer?, Foro Interamericano sobre Participación Política de la OEA, Informe Final, Unidad para la Promoción de la Democracia, Comisión Interamericana de las Mujeres e Internacional IDEA, 16 de diciembre, s/l.

Marván Laborde, María y Márquez Labastida, Libia. 2013. Democracia interna de los partidos vs cuotas de género ¿dilema sin solución?. En  Retos a 60 años de la aprobación del voto de la mujer en México. México: IFE (65-115).